La empresa que mantiene los jardines de Gondomar es de un hijo de un vocal del PP

La empresa Jarma S.L., que se ocupa desde hace algo más de año y medio del mantenimiento de parques y jardines municipales en Gondomar pertenece a un hijo del vocal de la gestora del PP local Marcelino Misa Rodríguez, expresidente de la Entidade Local Menor de Morgadáns. La Fiscalía ha denunciado al alcalde, el popular Fernando Guitián, por un presunto delito de prevaricación administrativa al considerar que adjudicó el servicio de conservación de zonas verdes sin el obligatorio concurso público previo a esta firma, con domicilio social en el Barrio de San Roque, en Morgadáns.

La compañía, cuyo nombre completo es Desarrollos Urbanísticos Jarma S.L., fue dada de alta el 2 de mayo de 2012, unos dos meses antes de comenzar a facturar mensualmente trabajos de mantenimiento de zonas verdes para el Ayuntamiento. Tareas que ha realizado desde entonces hasta la actualidad, además de servicios extra como podas, reposición de plantas y flores, entre otros.

Promotora inmobiliaria

El objeto social de la firma es muy distinto al que desempeña en el municipio gondomareño. Su cometido oficial es «la adquisición de fincas rústicas y urbanas, así como su urbanización, parcelación y reparcelación, promoción, uso, arrendamiento y venta de las mismas. La adquisición, construcción, rehabilitación y promoción de viviendas en fincas rústicas y urbanas. La realización de trabajos de albañilería». Así lo hizo público en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) el 29 de mayo de 2012.

Esta misma publicación oficial revela que la compañía estaba constituida inicialmente por dos socios. La esposa de Marcelino Misa -que ocupó el cargo de pedáneo por el PP en Morgadáns desde 2003 hasta 2007- fue nombrada administradora única y el hijo como socio. Desde el pasado noviembre, tan solo el descendiente del vocal de la gestora popular -cuyo nombre puede encontrarse en la web del partido en Gondomar- ocupa el cargo de administrador único en el Registro Mercantil.

Supuesta prevaricación

El ministerio público ve indicios de la comisión de un supuesto delito de prevaricación por parte del regidor tras recibir una denuncia de un concejal de la oposición. La fiscal considera que Guitián incumplió la ley de contratación pública al encargar de forma reiterada desde mediados de 2012 un servicio que requiere un proceso de adjudicación público. La facturación continuada de la empresa al Concello supera los 18.000 euros fijados como límite legal para considerarlo un contrato mayor, abierto a la participación pública de cualquier firma del sector. Esta normativa trata de preservar la libre concurrencia, los principios de transparencia y publicidad, así como la eficacia en el gasto público por parte de las administraciones.

Así que la Fiscalía cree que el alcalde pudo haber realizado contratos verbales a esta empresa, estrictamente prohibidos por ley, o fraccionado los mismos con el objeto de evitar acudir al correspondiente procedimiento de adjudicación administrativa.

El asunto se encuentra ya en manos del Juzgado de Instrucción Número 7 de Vigo, cuyo titular determinará si procede abrir diligencias contra Fernando Guitián o archivar el caso.

Fuente: Faro De Vigo