Un exgestor de Cespa imputado niega ante la juez un pago de 300.000 euros a Alfredo Rodríguez

Nueva vuelta de tuerca y nueva imputación en la investigación sobre un presunto delito de prevaricación administrativa en el contrato de la basura de Nigrán, firmado en 2004, durante el mandato del bipartito PP-PINN. Un exgestor de la empresa concesionaria, Cespa, negó ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Vigo, que se hace cargo del caso, el pago de 300.000 euros al exalcalde popular Alfredo Rodríguez para garantizar la adjudicación del servicio.

La magistrada le tomó declaración ayer, tan solo dos días después de encausarlo en el proceso, en el que ya existían trece imputados. Lo citó el lunes a raíz de unas manifestaciones que figuran en el sumario y que realizó el actual portavoz del PSOE, Juan González. El socialista aseguró haberle escuchado relatar la entrega de «un maletín con 50 millones de pesetas» a Alfredo Rodríguez «en el monte del Castro, en Vigo».

Según la explicación de González, las frases habrían sido pronunciadas por parte del exgestor de Cespa en el transcurso de una cena multitudinaria celebrada en 2007, concretamente en mayo, cuando el PSOE acababa de ganar las elecciones municipales. Al parecer, las habrían oído también el exregidor socialista Efrén Juanes y otros concejales de su gobierno como Manuel Doldán y Cándido Costas, que también acudieron a la mencionada cena.

El testimonio que Juan González realizó en los últimos meses en presencia de testigos está recogido en un escrito firmado por el interventor municipal de Nigrán, Modesto Solla. El texto se encuentra a disposición de la juez instructora del caso.

Alquiler de bajos a ediles

El proceso, todavía en fase de diligencias previas, se abrió tras una denuncia anónima ante la Fiscalía. La magistrada imputa a los exalcaldes del PP Alfredo Rodríguez y Avelino Fernández, así como al líder de Unión Centrista de Nigrán, Antonio Fernández Comesaña, su mujer y dos socios, y al exedil popular José Augusto Pedrosa, su esposa y varios antiguos directivos de Cespa.

La instrucción trata de aclarar si la adjudicación del servicio de recogida de basura se realizó conforme a la ley de contratos del sector público, con garantías de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades para las firmas aspirantes. Pretende arrojar luz también sobre supuestas compensaciones a los gobernantes de la época por parte de la adjudicataria.

En este sentido, la juez indaga acerca de presuntas irregularidades en el alquiler de dos bajos comerciales propiedad de Avelino Fernández, exalcalde del PP, y de Antonio Fernández Comesaña, líder de UCN con representación en la Corporación municipal actualmente. Ambos formaban parte del PINN y del equipo de gobierno entonces. Y los dos arrendaron sus locales a Cespa en noviembre de 2004, el mismo mes en que la empresa firmó la concesión por 16 años con el Concello de Nigrán. En el caso de Comesaña, el local se encuentra a nombre de su mujer y dos socios, los tres igualmente encausados.

Existe un tercer alquiler objeto de investigación. Se trata de una nave que la empresa arrendó al a familia de un exconcejal del PP, José Augusto Pedrosa, cuya esposa y un cuñado también se encuentran imputados. Cespa habría alquilado esta instalación ubicada en Porto do Molle años después de lograr la adjudicación del servicio de basura, cuando Pedrosa ya no era edil.

Rueda de declaraciones

Cinco exdirigentes de la concesionaria se encuentran imputados también en la causa. Dos de ellos ya han prestado testimonio ante la magistrada, igual que lo hicieron Alfredo Rodríguez, Antonio Fernández Comesaña, su mujer y sus dos socios y José Augusto Pedrosa, su esposa y un hermano de esta.

Los próximos testimonios están previstos el día 17 de este mes. En esa fecha declararán a través de videoconferencia Avelino Fernández, desde Canarias, y otros dos antiguos responsables de la empresa, desde Bilbao.

Dos días después, pasarán por las dependencias judiciales el portavoz socialista, Juan González, el exalcalde del mismo partido Efrén Juanes y el interventor municipal. Los tres como testigos.

Fuente: Faro De Vigo