La Xunta persigue las tres ´dunas´ ilegales con origen en la obra del centro de salud de Panxón

El misterio de la proliferación de «dunas artificiales» en la comarca parece resuelto. Los depósitos de arena que desde hace algo más de un mes se reparten entre Nigrán y Gondomar proceden de la excavación de la ampliación del centro de salud de Panxón e incumplen los protocolos de gestión de residuos excedentes de obra. Así lo confirma el Sergas, organismo de la Xunta que promueve la obra y que esta misma semana ha ordenado a la empresa adjudicataria, la firma ourensana Obras y Servicios Gómez Crespo, que los retire y los elimine a través de un gestor autorizado.

El origen de la arena ya había sido certificada por parte de la Policía Local de Nigrán. El gobierno municipal le encargó un informe para dar traslado del asunto a la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística de Galicia (APLU), el departamento con competencia sancionadora en la materia. Este órgano autonómico ha abierto un expediente de restitución de la legalidad, según asegura la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la que depende.

En Gondomar y Nigrán

El primer montículo de arena apareció en el centro urbano de Gondomar. Se encuentra en terrenos de un almacén de materiales de construcción y la Policía Local gondomareña ha realizado informes sobre la parcela, concretamente acerca de la peligrosidad de unos hierros de encofrado a los que puede acceder cualquier viandante. Pero la Xunta no tiene constancia por el momento de denuncias sobre este vertido de áridos.

Sí investiga los otros dos vertidos hallados poco después en fincas privadas de Nigrán. Uno en Vilariño, junto al río Miñor en las proximidades del acceso a la autopista, y el otro en Parada, en el barrio de Con. Tras denunciar el PSOE y ecologistas de la comarca el impacto ambiental del primero por ubicarse a escasa distancia del cauce, el Concello ordenó a la Policía Local el correspondiente atestado. Poco después, se detectaba el siguiente depósito en Parada y el Ayuntamiento actuaba de la misma manera. Los agentes no solo han llegado a la conclusión de que los residuos llegaron allí desde la obra del ambulatorio de Panxón, sino que ratifican que los vertidos se han efectuado sin los permisos exigibles.

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente confirman la puesta en marcha de la investigación. Rechazan por el momento aclarar de dónde procede la arena y quiénes son sus responsables. Cuestión que sí corroboran los atestados policiales y el Sergas, que inició la ampliación del ambulatorio de Panxón en octubre con una inversión de 1,8 millones de euros.

Este departamento de la Consellería de Sanidade admite que los vertidos son «irregulares» e insiste en que esta misma semana ha ordenado a la empresa que desarrolla los trabajos su retirada. Tras conocer la existencia del expediente urbanístico de la APLU, el Sergas ha requerido diversa documentación a la adjudicataria para verificar la irregularidad de los hechos.

Como manda la normativa autonómica y estatal, el proyecto debe prever la gestión de residuos sobrantes de la obra en su declaración de impacto ambiental, necesaria al tratarse de un edificio en la demarcación de Costas. Y, como indica el Sergas, ese apartado «no se está cumpliendo» por parte de la empresa.

Multas de hasta 240.400 euros

Medio Ambiente no responde sobre el alcance que la supuesta infracción puede acarrear en cuanto a sanciones económicas. Según la normativa consultada, en este caso correspondería aplicar la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobada por el Gobierno central hace un año.

Su articulado considera como infracción grave «el incumplimiento de las condiciones ambientales, de las medidas correctoras o compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto o el incumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en el informe ambiental o, si fuera el caso, en la declaración responsable o comunicación previa del proyecto». Y establece multas desde los 24.001 hasta los 240.400 euros, además de «la restitución a su estado original de la situación alterada por la infracción».

Fuente: Faro De Vigo