El juez anula una multa de 10.000 euros por vender alcohol de noche en Baiona

El fallo da la razón a la dueña de una tienda, que alegó que el expediente había caducado

Examinando el expediente administrativo, se comprueba que el acuerdo de incoación del expediente es del 9 de enero de 2015 tras la previa declaración de caducidad de un procedimiento anterior. La notificación por medio de un edicto de la resolución sancionadora data del 7 de agosto de 2015 y, según estima el juez, no es válida, «ya que no ha venido precedida del preceptivo doble intento de notificación en el domicilio del interesado». Tan solo se realizó un único intento de notificación personal con el resultado de ausente. La ley exige que si la notificación no se puede practicar deberá reiterarse el intento en hora distinta dentro de los tres días siguientes, «lo que en este caso no se ha observado», según recoge el fallo judicial.

La sentencia considera que tampoco se acredita que se haya dejado aviso de llegada en el casillero domiciliario ni que se haya dejado el envío en la oficina de correos durante el plazo reglamentario. «Esta nulidad de la práctica de la notificación domiciliaria vicia de nulidad la notificación edictal, por vulneración de las formalidades legales», apunta la sentencia. El magistrado ha dictado que no se puede considerar válidamente notificada hasta que la interesada adquiere conocimiento de la misma mediante la entrega personal el 20 de agosto de 2015, «cuando ya había transcurrido en exceso el plazo de seis meses desde el acuerdo la incoación».

Plazo agotado

La caducidad del procedimiento sancionador determina la nulidad de la sanción que se impuso a la vendedora. Transcurrido el plazo legal para la tramitación y notificación de la resolución sancionadora, «la administración debe dictar acto expreso declarando la caducidad del procedimiento». Como en este caso además no procedería una nueva reapertura del expediente por haber trascurrido más de dos años desde la fecha de la comisión del hecho, «lo que procede es anular la resolución sancionadora y declarar que no procede sanción», concluye el juez.

Fuente: La Voz De Galicia