El polémico cierre de la discoteca Villa Rosa de Baiona llega a su primer juicio

El Concello de Baiona se enfrentó ayer a su primer juicio como acusado por el controvertido cierre temporal de la discoteca Villa Rosa, decretado el pasado verano por exceso de ruido. Los propietarios de la sala habían interpuesto un recurso judicial contra la orden municipal de suspensión de actividad, que impedía la apertura del negocio durante 15 días y le imponía una multa de 1.500 euros, y a vista oral se celebró en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Vigo. Este proceso coincide con las diligencias penales abiertas por otro juzgado vigués, el de Instrucción Número 4, a raíz de la querella presentada por los denunciantes del establecimiento contra sus dueños y contra el exalcalde Jesús Vázquez Almuiña, hoy conselleiro de Sanidade, por un presunto delito medioambiental y otro de lesiones.

Dos agentes de la Policía Local declararon ayer como testigos en el juicio contencioso llamados por la defensa del Ayuntamiento, al igual que prestó testimonio un perito particular convocado por la propiedad de la discoteca. Los efectivos policiales defendieron ante el juez y los abogados su actuación y las mediciones de ruido realizadas durante la Festa da Arribada de 2015 ante la denuncia de los afectados, mientras que el técnico manifestó que los test realizados no siguieron los protocolos establecidos por la normativa. El juicio quedó visto para sentencia y el magistrado decidirá si la orden de cierre y la sanción económica se ajustan a derecho.

Paralelamente, el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 prosigue las diligencias por la vía penal. Ha citado a declarar a los gestores de la discoteca en calidad de investigados la próxima semana y a los vecinos que denunciaron los ruidos de la misma como testigos.

Mientras tanto, está pendiente el pronunciamiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre la viabilidad o no de procesar a Vázquez Almuiña, dado que dispone de la condición de aforado por su cargo en el Gobierno de la Xunta.

El exregidor decretó el cierre temporal de la discoteca y la multa el 5 de agosto por contaminación acústica. La propiedad del negocio recurrió la orden ante el Ayuntamiento y, al considerar que este trámite suspendía sus efectos, continuó la actividad. Pero dos días después el Concello precintaba el local por deficiencias urbanísticas y estuvo cerrado hasta el 14 de aquel mes. El propietario, Ezequiel Simons, acudió a los tribunales alegando que los defectos estaban subsanados y el juez instó al alcalde a levantar el precinto. Hubo un tercer decreto de cierre el 28 de agosto, de nuevo por exceso de ruidos, que tampoco fue acatado.

Fuente: Faro De Vigo