Gondomar ordena derribar una casa de la hija de un funcionario con sentencia desde 2009

Inminente y ya irrevocable. Así es la orden de derribo firmada el pasado viernes por el gobierno local de Gondomar contra la vivienda propiedad de la hija de un funcionario del departamento de Urbanismo y que, a día de hoy, sigue en pie en el barrio de Cruceiro, en Donas, tras una batalla judicial de más de seis años que tuvo su origen en la concesión irregular del permiso de obra.

En concreto, la licencia de esta casa formaba parte de la treintena de autorizaciones urbanísticas otorgadas de forma irregular -con el Plan Xeral anulado- por el exalcalde Carlos Silva y su junta de gobierno y que llevaron al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a condenar al exregidor a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

La primera orden de demolición contra la vivienda no deriva, sin embargo, del fallo judicial de aquella causa, que se fijó solo en el procedimiento de concesión de los permisos y no en la ilegalidad de las construcciones realizadas a partir de ellos. La emite en septiembre de 2009 el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Vigo a partir de la denuncia que un particular, concretamente un familiar de la propietaria, basó, eso sí, en su licencia irregular.

El Ayuntamiento llegó a recibir en su momento una amonestación por parte del juez por la falta de diligencia a la hora de aplicar y hacer cumplir su sentencia.

Vías agotadas

La resolución adoptada ahora por el Concello, firmada el viernes por el concejal de Urbanismo, Antonio Araúxo, y notificada ayer a la propietaria, Rebeca Fernández Prieto, es el final de un camino «en el que se han explorado y agotado todas las vías», apuntó el edil, obligado a rubricar la orden de demolición «por imperativo legal».

«No es un plato de buen gusto para el gobierno», reconoció Araúxo, quien insistió en que este caso, en el que se ha visto implicado un trabajador vinculado al Concello desde hace años, «no es puramente el de una infracción urbanística», sino que ha acabado implicando al urbanismo «a raíz de un conflicto entre particulares».

No obstante, Antonio Araúxo no descarta que la orden de derribo decretada por el Concello pueda conllevar una «reclamación patrimonial» por parte de los propietarios de la casa, que ayer evitaron hacer declaraciones al respecto. Se trataría de exigir a la administración local una compensación económica como responsable última de la concesión irregular de la licencia de obra.

Fuente: Faro De Vigo