Gondomar pide a la Xunta que retire la orden de derribo a ocho casas afectadas por el fuego

La oleada de incendios del pasado 15 de octubre ha contribuido a agudizar el drama de ocho familias de Morgadáns y Vincios que viven desde hace casi dos años bajo la amenaza de las órdenes de derribo decretadas por la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta (APLU) sobre sus casas. El fuego ha dañado sus propiedades, quemando galpones, maquinaria agrícola, motores de pozos, animales domésticos e incluso cierres perimetrales. Tras haber solicitado la declaración del municipio como zona catastrófica, y atendiendo a esta situación de excepcionalidad, el Concello de Gondomar reclamará al organismo autonómico que retire los decretos de demolición sobre estas viviendas, según informó ayer el concejal de Urbanismo y teniente de alcalde, Antonio Araúxo. Asegura que todas son "legalizables" a través de la delimitación de núcleos rurales que el Ayuntamiento tramita para dar solución a estos problemas y agilizar también numerosas licencias atascadas al no contar con Plan Xeral de Ordenación Municipal, anulado desde 2005 por el Tribunal Supremo.

Su grupo municipal, Manifesto Miñor, planteará a la Corporación en el próximo pleno, previsto el jueves 16 a las 20.00, dirigirse al citado departamento de la Xunta para que revise los expedientes y deje sin efecto los derribos con el objetivo de "evitar o dobre castigo a estes veciños que se viron envoltos nunha situación urbanística da que non teñen culpa e que tamén sofren agora as consecuencias do lume". La propuesta cuenta con el apoyo de la otra cara del bipartito, el PSOE, según confirmó ayer el alcalde, Francisco Ferreira, quien añadió incluso que "a APLU debe resolver esta cuestión porque nos atoparemos coa circunstancia de que o Concello non poderá outorgar licenzas a estas persoas cando plantexen obras para reparar os danos dos incendios". El problema afecta a varios municipios gallegos devastados y algunos de sus regidores ya lo han mencionado en recientes reuniones con conselleiros y técnicos autonómicos, a las que ha asistido también el gondomarés.

Paralizar la vía judicial

La APLU no solo ha expedientado a al menos nueve viviendas en el municipio de Gondomar -inicialmente el Concello tenía constancia de siete, seis en Morgadáns y una en Mañufe, pero en las últimas semanas ha conocido nuevos casos-, sino que las ha denunciado en los tribunales. Dos de ellas han sido juzgadas ya y el resto se encuentran en fase de instrucción.

La vía judicial ha abierto una carrera desesperada para los afectados. Los que esperan sentencia aguardan que llegue antes la aprobación definitiva de la delimitación de núcleos por parte del Concello y de la Xunta para evitar la piqueta. Los trámites se alargan y el concejal de Urbanismo gondomarés propone además a la APLU que retire las denuncias ante la Fiscalía para que el Concello disponga de margen para legalizar las construcciones y poner fin al problema.

Fuente: Faro De Vigo