Gondomar afronta su segundo juicio en un año por irregularidades en la plaza de abastos

Apenas han pasado diez meses desde que el Concello de Gondomar fue juzgado por supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de puestos de la plaza de abastos municipal y la evolución de los trámites ha ocasionado otra demanda que lo llevará a someterse hoy a las 11.30 a una segunda vista oral. Será otra vez en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Vigo, el mismo que ya falló en contra del Atuntamiento gondomarés en relación al mercado en marzo. En esta ocasión, se le acusa de otorgar los espacios de venta directamente a sus ocupantes actuales sin licitación previa, en contra de la normativa.

Todo comenzó en pleno concurso público de puestos, convocado en marzo del año pasado y promovido por el exconcejal de Comercio e Turismo, Xosé Antón Araúxo, de Manifesto Miñor, con el objetivo de regularizar la situación del mercado después de décadas al margen de la ley, sin concesiones ni contratos de los vendedores con la Administración local, y cumplir con el reglamento municipal de la plaza aprobado en 2013, que fijaba un plazo de cinco años para legalizar el espacio público. La tensión entre los socios de gobierno que acabó en la reciente ruptura ya era palpable y las protestas de los placeros por temor a perder sus negocios llevaron al alcalde, el socialista Francisco Ferreira, a paralizar la licitación cuando cuatro personas habían presentado ofertas para ocupar locales vacíos. Como perjudicadas, recurrieron la suspensión del proceso ante los tribunales y el juez les dio la razón porque la competencia para tomar estas decisiones es de la junta de gobierno.

Lo que hizo el regidor fue llevar el asunto a dicho órgano, en el que tenía mayoría y anular definitivamente el concurso el 1 de marzo. Cinco días después, firmaba un decreto en el que adjudicaba de forma directa, sin concurso de por medio, los puestos a sus ocupantes actuales. Se les exigieron documentos que acreditasen una antigüedad de más de 5 años al frente de los establecimientos y se aceptaron declaraciones juradas.

Los demandantes iniciales volvieron a recurrir a los juzgados al sentirse agraviados de nuevo por las concesiones de diez años otorgadas a los placeros sin subasta pública de por medio.

La demanda reclama la nulidad de las adjudicaciones y sostiene de nuevo que el alcalde no es competente para otorgar los puestos, sino la junta de gobierno. Asegura que el otorgamiento directo es contrario a la legalidad vigente e infringe dos leyes y la propia normativa municipal, porque la plaza de abastos es un espacio de titularidad pública cuyas concesiones deben efectuarse en régimen de concurrencia.Y alude a informes del propio secretario municipal en el expediente que así lo constatan.

Señala además que siguen sin existir títulos válidos que habiliten a los placeros para continuar en los espacios y que las declaraciones juradas no sirven. Añade asimismo que algunos de los comerciantes que han logrado las concesiones llevan menos de cinco años en la plaza o ni siquiera son los ocupantes iniciales de los puestos, sino familiares.

n Fuente: Faro De Vigo