Piden una investigación por la caducidad de una sanción a la cofradía de Baiona

La Asociación Apromar, en la que están incluidos numerosos percebeiros de Baiona, pide que se investigue de la falta de notificación de sanción por parte la Xunta a la Cofradía de Baiona, provocando la caducidad de la misma.

Esta notificación está relacionada con el conflicto del percebe y tenía que ver con la aprehensión de 30 kilos de percebe oculto en la lonja, detectado en septiembre de 2016 por la Guardia Civil. Este producto estaba sin etiquetar y dispuesto para fines distintos a los de la venta en lonja. La denuncia había sido realizada por más de 30 percebeiros.

Según explican desde Aproamar, los hechos dieron lugar a dos procedimientos, uno por malversación contra la patrona y su hermana a instancias de la denuncia de la Guardia Civil (que todavía se tramita en los Juzgados de Vigo) y otro, administrativo-sancionador promovido por la Conselleria do Mar contra la cofradía.

En este segundo procedimiento, "la jefa territorial de Vigo apertura el expediente por vulneración de la Ley de Pesca con respecto al desvío de los 30 kilos de percebe de las vías legales pertinente para su comercialización, de ahí que proponga una sanción en contra de la Cofradía de Pescadores de 300 euros", indican. "En ese procedimiento se personan, como parte afectada, los percebeiros de Baiona para conocer la tramitación del expediente. administrativo e intentar derivar la responsabilidad de la sanción hacia la patrona mayor y no hacia la Cofradía de Pescadores", añaden.

Ya en septiembre de 2017, finalmente, la jefa territorial resuelve imponer una sanción de 300 euros a la Cofradía pero en lugar de proceder inmediatamente a la notificación de la resolución a la Cofradía de Pescadores, para hacerlo dentro del plazo de un año (tiempo máximo para el tramite de un procedimiento sancionador en Pesca desde que se apertura hasta que se resuelve), lo hace siete meses después, de tal modo que la resolución de septiembre 2017 a la Cofradía se le notifica en junio de 2018 dando lugar a la caducidad.

Aproamar pide la investigación del "despiste", entre otras cosas, porque coincide con la tramitación de más de 64 expedientes sancionadores en contra de los percebeiros de Baiona "que, pese a que eran sanciones inconstitucionales, no han tenido la gran suerte de que la jefa territorial hubiera notificado con más de 7 meses de retraso una resolución para que, en cada caso, el expediente fuera declarado caducado y archivado sin tener que ir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

n Fuente: Faro De Vigo