El alcalde de Gondomar y dos ediles, investigados por presunta prevaricación en la plaza de abastos

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Vigo investiga al alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, y a los concejales Nuria Lameiro y José Manuel Chamorro por un supuesto delito de prevaricación al anular el proceso de licitación de puestos de la plaza de abastos en junta de gobierno y adjudicar directamente 21 locales a los comerciantes que los ocupan desde hace años con la intención de subastar en el futuro los 8 restantes. La jueza ha admitido a trámite la querella de dos de los cuatro aspirantes a espacios en el mercado que se quedaron fuera al suspenderse el concurso público.

El regidor socialista y sus dos compañeros de gobierno prestaron declaración el miércoles ante la magistrada como investigados y alegaron haber actuado conforme al reglamento de mercados aprobado por la Corporación municipal en 2013. Ayer comparecieron como testigos uno de los querellantes y el secretario municipal, quien avaló la decisión de los dirigentes locales, dado que dicha normativa da lugar a dos interpretaciones igual de válidas legalmente. Según fuentes cercanas al proceso, el responsable jurídico del Ayuntamiento indicó que el citado reglamento obliga a sacar a concurso público todos los puestos, pero también recoge una disposición transitoria que permite mantener en sus espacios a los actuales placeros con una prórroga de diez años.

Los licitantes excluidos presentaron la denuncia por la vía penal después de que el juzgado de lo contencioso administrativo les diese la razón en un primer pleito contra la paralización de la licitación decretada por el alcalde y obligase a retomarla en junta de gobierno por ser el órgano competente en el asunto. Así, los tres investigados anularon definitivamente en junta el concurso para otorgar después los puestos a los placeros.

La instrucción continuará con la comparecencia del otro denunciante y de Xosé Antón Araúxo, el exconcejal de Mercados de Manifesto Miñor que promovió la licitación pública de los puestos para cumplir con el reglamento municipal que obligaba a legalizar el mercado en 2018 tras medio siglo de irregularidades.

n Fuente: Faro De Vigo