El fiscal respalda al Concello de Baiona en el pleito con la hermana de la edil díscola del PP

El juicio contra el Concello de Baiona por presunta vulneración de derechos fundamentales de una trabajadora quedó ayer visto para sentencia en el Juzgado de lo Social Número 5 de Vigo. La vista se celebró a raíz de la demanda interpuesta por la responsable de comunicación del Ayuntamiento, Marta González Pérez, contra la Administración local y personalmente contra el alcalde, Ángel Rodal, por plantear la eliminación de su plaza de funcionaria de la plantilla en los presupuestos de este año. El caso trasciende el mero conflicto laboral y adquiere dimensión política porque la demandante es hermana de Beatriz González Pérez, la concejala que dejó al PP en minoría en la Corporación por primera vez en 14 años. La edil dimitió de sus cargos y se marchó a la oposición coincidiendo precisamente con la propuesta de cese de su familiar directa. Tanto la defensa de la Administración local como el letrado que representa al regidor solicitaron al juez la desestimación de la demanda, la misma postura que adoptó el fiscal una vez revisadas las pruebas al considerar no acreditadas las acusaciones. Será el juez el que decida qué parte tiene la razón en su sentencia.

El abogado de la denunciante se limitó a dejar constancia de los "graves problemas de salud" que la situación provoca en la funcionaria y aportó informes médicos a la causa. Apenas se refirió al contenido de la demanda , que trascendió en parte durante las intervenciones de los letrados del Concello y del alcalde. Ambos se centraron en rebatir los argumentos de la jefa de prensa, que no acudió al juicio en el que sí estuvo presente su hermana concejala entre el público.

Según indicaron, la demandante acusa al gobierno municipal de "aislamiento y ostracismo profesional" y de impedirle realizar su trabajo con normalidad. Al alcalde le atribuye un "trato hostil" e incluso "despectivo" en sus comunicaciones. Situación que se vendría produciendo, según indicaron los abogados que afirma la denuncia, desde que la periodista fue readmitida en septiembre de 2017 por sentencia judicial. Marta González había accedido al Concello como becaria en junio de 2015 y, tras un contrato de un año y otro de seis meses, denunció a la Administración junto con otros dos compañeros en sus mismas condiciones. Los tres lograron que se les reconociese como indefinidos no fijos en la plantilla municipal.

Los defensores del Ayuntamiento y del regidor negaron las acusaciones y aportaron diversas pruebas para tratar de demostrar que son falsas, entre ellas, la factura de compra del teléfono móvil que la funcionaria afirma le fue retirado, firmada por su hermana como concejala de Nuevas Tecnologías por aquel entonces.

La fecha de la demanda, el 6 de noviembre, un par de semanas después de que el regidor presentase la propuesta de anulación de su plaza a los sindicatos y solo un día después de que la concejala presentase su dimisión, es clave, según los letrados de la parte demandada para deducir que la denunciante trató de "interponer una acción judicial para paralizar la amortización de su plaza".

Finalmente, su puesto se mantiene en el presupuesto. La Corporación dio luz verde a las cuentas, de 8,8 millones, de forma inicial el 23 de noviembre en un tenso pleno en el que la mencionada edil no pudo votar recusada por el alcalde para garantizarse la mayoría "por sus intereses personales", al eliminarse la plaza de su hermana. Pero la afectada presentó alegaciones aludiendo al proceso judicial y el alcalde se echó atrás y decidió mantenerla en el documento económico para la aprobación definitiva, cuyo debate está previsto este lunes, día 25, en pleno extraordinario.

n Fuente: Faro De Vigo