Baiona pierde ya dos de los 38 pleitos con operarios que reclaman más de 100.000 euros

Un nuevo varapalo judicial en su eterno conflicto laboral expone al Concello de Baiona a importantes indemnizaciones. El Juzgado de lo Social Número 1 de Vigo ha la razón en los últimos días a dos de los 38 trabajadores eventuales contratados con ayudas de la Diputación en los últimos dos años, que acudieron a la justicia para reclamar que se les equiparase el salario con el del resto de la plantilla municipal. Las sentencias, emitidas el pasado miércoles, día 24 de abril, condenan a la Administración municipal a abonarles casi 6.000 euros por el momento -3.218 a uno y 2.746 al otro, con un interés de demora del 10%-. Ambos fallos otorgan a los demandantes exactamente las cantidades que exigían. Si los 36 restantes siguen la misma línea, el golpe a las arcas municipales superará los 100.000 euros, según los cálculos del sindicato UGT, promotor de los procesos judiciales.

Los 38 denunciantes son operarios que prestaron servicios en 2017 y 2018 con contratos de entre 3 y 9 meses en departamentos como obras públicas, limpieza viaria, jardinería e incluso en la oficina de turismo. Sus salarios mensuales ascendían a 770, 60 euros, según rezan las sentencias publicadas la semana pasada, muy por debajo de los compañeros fijos de plantilla, que oscilan entre los 1.170 y los 1.724. El Ayuntamiento les abonó, como ocurre en los demás municipios miñoranos, el dinero percibido por parte de la Diputación para contratarlos, sin ningún complemento para acercar sus sueldos a los de sus compañeros.

De manera que, después de presentar sendas reclamaciones administrativas en el Concello, los trabajadores acudieron, con el respaldo de UGT, a la Inspección del Trabajo, que les dio la razón también a finales del pasado año e instó al Ayuntamiento a equiparar sus retribuciones con las del resto de la plantilla.

Pero el gobierno municipal recurrió la resolución de Trabajo y no indemnizó a los operarios, de manera que recurrieron a la vía judicial. Las dos sentencias apuntan a la existencia de un convenio colectivo que debe garantizar la igualdad de retribuciones entre todos los trabajadores municipales, dure lo que dure su contrato, tal y como apunta la jurisprudencia al respecto.

Una de las resoluciones judiciales es firme, mientras que la otra admite recurso. Se desconoce por el momento si el Concello la recurrirá o no porque el alcalde, Ángel Rodal, no tenía constancia de ninguna de las dos ayer, según indicó.

Desde UGT lo instan a aceptar las sentencias, "que demuestran que los salarios del Plan Concellos de la Diputación de los años 2017, 2018 y 2019 son irregulares", y a abonar las indemnizaciones a los afectados "de forma amistosa", para que el asunto no genere "mayores gastos jurídicos al Concello".

El sindicato solicita además que se modifiquen los salarios de este año y se pague a los nuevos trabajadores "lo que corresponde". En este sentido, el regidor aseguró cuando se formalizaron los contratos provinciales que los sueldos se abonarían ya equiparados y que por ello el número de personas contratadas tenía que reducirse al no disponer, recalcó, el Ayuntamiento de fondos para complementar las retribuciones que ofrece la Diputación.

n Fuente: Faro De Vigo