La Fiscalía investiga al Concello de Baiona tras denunciar malversación once policías

El conflicto laboral de la Policía Local de Baiona ha llegado a los juzgados tras más de un año de enfrentamientos con el gobierno local. La Fiscalía de Vigo ha abierto una investigación a raíz de una denuncia firmada por once agentes, la práctica totalidad de los que patrullan las calles, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos al pagar el Concello pluses de nocturnidad a un total de 18 trabajadores a los que no les corresponde y de usurpación de funciones públicas, en relación a intervenciones de los auxiliares de policía para las que no están facultados.

Los efectivos, que sí realizan turnos de noche, trasladaron su demanda al fiscal el pasado noviembre, poco después de las tensiones vividas en verano, cuando buena parte de la plantilla policial cayó de baja tras echarse atrás el alcalde, Ángel Rodal, en su compromiso de subida salarial a todos los empleados públicos a turnos que ejerciesen sus tareas en fines de semana y festivos. El ministerio público abrió diligencias y requirió documentación oficial que el Ayuntamiento remitió en las últimas semanas, según confirma el propio regidor.

Los agentes aseguran que el Concello abona 121,20 euros mensuales por nocturnidad de manera irregular a siete trabajadores del servicio de recogida de basuras, seis de limpieza viaria, tres compañeros policías, un operario de cementerios y servicios funerarios y un oficial chófer, pese a cumplir su jornada fuera del horario nocturno, estipulado legalmente entre las 22.00 y las 6.00. Recuerdan que la normativa considera trabajador nocturno aquel que realice normalmente en ese horario una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria y que los beneficiados fraudulentamente por el plus entran como máximo a las 5.00 en verano.

Reparos de Intervención

Recalcan en este sentido, que el departamento de Intervención repara desde 2016 las nóminas cada mes por esta situación y que "el señor alcalde de forma reiterada salva dichos reproches contables mediante informe de levantamiento de reparo, a sabiendas de la ilegalidad del citado pago y con el suficiente conocimiento de ser contrario a derecho, pudiendo presuntamente estar incurriendo en el delito de prevaricación administrativa al dictar una resolución a sabiendas de que la misma es contraria a derecho".

En relación a la usurpación de funciones públicas que atribuyen a los auxiliares de policía contratados para reforzar el servicio en verano, recalcan que la normativa indica que estos trabajadores deben desempeñar funciones apoyo y auxilio a los agentes, a los que se reconoce la condición de autoridad con valor probatorio en sus denuncias. La denuncia recoge que "este personal no cualificado ha ejercido de facto funciones de funcionarios policiales tales como identificación de personas, retirada de vehículos de la vía pública, atestados por accidentes de circulación, realización de pruebas de alcoholemia, medidas cautelares y compulsión sobre bienes y personas pese haberse advertido por escrito tanto al máximo responsable de la Policía Local como al alcalde de la ilegalidad que se venía produciendo".

n Fuente: Faro De Vigo