La Xunta acude a los juzgados para echar abajo 8 casas con licencia en Gondomar

La Axencia pola Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta mantiene firme su lupa sobre el municipio de Gondomar. Tras ordenar en los últimos cinco años el derribo de al menos una docena de construcciones sin permiso en suelo rústico y sentar incluso a algunos de sus titulares en el banquillo de los juzgados de lo penal por ello, el organismo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda estrecha ahora el cerco sobre otras ocho casas con licencias otorgadas por el Concello desde octubre de 2018 y ha acudido a los tribunales para echarlas abajo. El ente autonómico ha interpuesto un recurso contencioso administrativo por cada una de ellas para reclamar al juez la anulación de las mencionadas licencias, lo que supondría la demolición de las obras realizadas bajo su amparo.

Son todas viviendas unifamiliares, unas todavía en construcción y otras ya terminadas. Cuatro se ubican en la parroquia de Donas, dos en la de Mañufe, una en Vilaza y otra en Vincios. Las demandas judiciales que la APLU ha presentado tras negarse el Ayuntamiento por la vía administrativa a dejar los permisos urbanísticos sin efecto, inciden en que todas ellas se ubican en áreas de tolerancia, es decir, en las franjas de 40 metros situadas alrededor de núcleos rurales.

La disputa está en la aplicación de la normativa. Gondomar carece de Plan Xeral de Ordenación Municipal desde que el Tribunal Supremo anuló hace quince años el de 1997 y su territorio se rige por las normas subsidiarias de 1991. Dicha regulación -según recalcan el alcalde, Francisco Ferreira, y técnicos de la oficina municipal de Urbanismo- permite construir en las citadas áreas de tolerancia, aunque de manera más restrictiva que en los propios núcleos. Concretamente, "exige un mínimo de 600 metros cuadrados de parcela para edificar en los núcleos rurales y de 1.000 en las áreas de tolerancia", señalan.

La APLU, en cambio, considera que el Plan Básico Autonómico sustituye las mencionadas normas subsidiarias desde su entrada en vigor en octubre de 2018 en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes sin planeamiento, pero también se debe aplicar en los municipios de mayor población sin PXOM adaptado a la Lei do Solo de 2016, como es el caso de Gondomar. Este plan elimina las áreas de tolerancia y las convierte en suelo rústico sin posibilidad de construir, así que, a ojos del organismo autonómico, las ocho licencias otorgadas por el Concello de Gondomar en estos terrenos desde la fecha en que comenzó a aplicarse el Plan Básico son nulas de pleno derecho.

Todavía no hay fecha de juicio para ninguno de los ocho pleitos pero el alcalde confía en que el juez dé la razón al Ayuntamiento porque no solo los informes de los servicios jurídicos municipales respaldan los permisos, sino también "la propia secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarna Rivas". Ferreira asegura que, tanto de palabra como por escrito, la dirigente autonómica ha respaldado la validez de las áreas de tolerancia y, por lo tanto, "da por buenas las licencias". El regidor lamenta "el afán persecutorio" de la APLU sobre Gondomar, que tacha de "enfermizo". "Van a por nosotros por cuestiones de color político", denuncia.

n Fuente: Faro De Vigo